Torres Promotes Judiciary Workplace Standards and Protections in House Appropriations Bill

Statement

Congresswoman Norma J. Torres (CA-35), through her role on the House Appropriations Committee, secured language in the FY23 Financial Services and General Government Bill to address sexual harassment and workplace misconduct in the federal judiciary.

"The 30,000 federal judiciary employees deserve the same anti-discrimination rights and workplace protections that private sector and government employees have," said Rep. Torres. "For too long, our nation's federal judiciary has resisted needed change. This language helps ensure that Congress understands the scope of the problem, increases transparency when misconduct occurs, and ensures that independent entities can help examine workplace practices. The federal judiciary should be a model of accountability, and these provisions move us towards that goal."

"The recommendations and directives in this bill will go a long way in making the federal judiciary a safer and fairer place to work," continued Rep. Torres. "I look forward to passing this bill and for the Judiciary to quickly act on our directions."

Specifically the report directs the Judiciary to:

For the first time, Contract with the National Academy of Public Administration, an independent expert organization that will be able to ensure workplace misconduct surveys are independent and thorough, allowing the National Academy to craft a blueprint for a future independent system that conducts workplace surveys of the judiciary, collects and analyzes organizational process and employee engagement data, and coordinates best workplace practices across the Judiciary. The results of this study will be submitted within one year of passage;
For the first time, share with Congress when a Judge has been found to have committed workplace misconduct under the Judicial Conduct and Disability (JC&D) Act, so that Congress can take necessary oversight action when necessary, up to and including impeaching the Judge;
Cooperate with an independent audit conducted by the Government Accountability Office of current systems to prevent and respond to workplace misconduct;
Increase transparency by reporting appropriate information on judges that have been found to have committed workplace misconduct to the public;
Share and implement best practices for the reduction of and responses to workplace misconduct; and
Increase staff dedicated to providing confidential advice to judiciary staff on workplace issues, coordinating staff training programs, and ensuring consistency in workplace policies and protections across circuits.
See full report language here.

Congresswoman Torres is a sponsor of the Judiciary Accountability Act to strengthen protections for employees against discrimination, sexual harassment, retaliation, and other forms of workplace misconduct.

La Congresista Norma J. Torres (CA-35), a través de su role en el Comité de Asignaciones de la Cámara, aseguró lenguaje en el Proyecto de Ley de Servicios Financieros y Gobierno General FY23 para abordar el acoso sexual y la mala conducta en el lugar de trabajo en el poder judicial federal.

"Los 30,000 empleados de la judicatura federal merecen los mismos derechos antidiscriminatorios y protecciones en el lugar de trabajo que tienen los empleados del sector privado y del gobierno," dijo la Congresista Torres. "Durante demasiado tiempo, el poder judicial federal de nuestra nación se ha resistido al cambio necesario. Este lenguaje ayuda a garantizar que el Congreso comprenda el alcance del problema, aumenta la transparencia cuando se produce una mala conducta y garantiza que entidades independientes puedan ayudar a examinar las prácticas en el lugar de trabajo. El poder judicial federal debe ser un modelo de rendición de cuentas, y estas disposiciones nos llevan hacia ese objetivo."

"Las recomendaciones y directivas de este proyecto de ley contribuirán en gran medida a hacer del poder judicial federal un lugar de trabajo más seguro y justo,"continuó la Congresista Torres. "Espero aprobar este proyecto de ley y que el Poder Judicial actúe rápidamente de acuerdo con nuestras instrucciones."

Específicamente el reporte instruye al Poder Judicial a:

Por primera vez, contrato con la Academia Nacional de Administración Pública, una organización experta independiente que podrá garantizar que las encuestas sobre mala conducta en el lugar de trabajo sean independientes y exhaustivas, lo que permitirá a la Academia Nacional elaborar un plan para un futuro sistema independiente que realice encuestas en el lugar de trabajo del poder judicial, recopila y analiza el proceso organizacional y los datos de participación de los empleados, y coordina las mejores prácticas en el lugar de trabajo en todo el Poder Judicial. Los resultados de este estudio se presentarán dentro de un año de aprobación;
Por primera vez, compartir con el Congreso cuando se haya determinado que un juez ha cometido una mala conducta en el lugar de trabajo en virtud de la Ley de discapacidad y conducta judicial (JC&D), para que el Congreso pueda tomar las medidas de supervisión necesarias cuando sea necesario, incluido el juicio político al juez;
Cooperar con una auditoría independiente realizada por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de los sistemas actuales para prevenir y responder a la mala conducta en el lugar de trabajo;
Aumentar la transparencia informando al público de la información adecuada sobre los jueces que se ha descubierto que han cometido mala conducta en el lugar de trabajo;
Compartir e implementar las mejores prácticas para la reducción y las respuestas a la mala conducta en el lugar de trabajo; y
Aumentar el personal dedicado a brindar asesoramiento confidencial al personal judicial sobre cuestiones del lugar de trabajo, coordinar los programas de capacitación del personal y garantizar la coherencia en las políticas y protecciones del lugar de trabajo en todos los circuitos.
Vea el idioma completo del informe aquí.

La Congresista Torres es patrocinadora de la Ley de Responsabilidad Judicial para fortalecer la protección de los empleados contra la discriminación, el acoso sexual, las represalias y otras formas de mala conducta en el lugar de trabajo.

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